2005-06-13T15:54:00.000+02:00

DESDE ESTE pequeño rincón de la web pretendo hacer reflexionar a todo aquel que esté dipuesto a exprimirse el cerebro. Llevo unos meses investigando los múltiples contactos que han existido entre el ESTADO ESPAÑOL y la banda terrorista ETA. De entre todos, me decidí por la etapa 1998-1999, esto es, los contactos en la ciudad suiza de Zurich y la desconocida reunión de Juarros (Burgos).
La breve tesina que os cuelgo a continuación es un análisis, lo más objetivo posible, sobre los acontecimientos previos a los contactos PP-ETA/HB, y las causas que provocaron el rotundo fracaso de ambas tomas de contacto.

Espero que esta exposición sirva para que todo el que quiera, responda con sus apreciaciones y comentarios; o para que simplemente lo use para su reflexión interior.
Saludos.

EL ESPEJISMO DE UNA NEGOCIACIÓN
Conversaciones Estado Español (Gobierno del PP) – ETA y su entorno (1998-1999)

INTRODUCCIÓN
Historia de una negociación fantasma
Las acciones de ETA y la respuesta del Estado

CUESTIONES PREVIAS A 1998
Eta ante la transición y los contactos con la UCD
Las conversaciones de Argel
Intento de mediación: la reunión de Washington (1991)

LA ¿FALSA? TREGUA DE ETA
Eta ‘socializa el sufrimiento’
El fin del Pacto de Ajuria Enea
La firma del Pacto de Lizarra (sept 1998)
ETA anuncia una tregua
El primer contacto con la izquierda abertzale: la reunión de Juarros
La reunión de Zurich ETA-Gobierno español
Aplicación del modelo de negociación a la reunión de Zurich.

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Historia de una negociación fantasma

Los numerosos estudios y publicaciones que han abordado el "conflicto vasco" –lo denominaremos así aunque existan voces en contra de esta denominación por el supuesto contenido reduccionista del término- han aportado una ingente bibliografía a quienes se han acercado a él para su estudio. Este hecho, que por una parte facilita el acceso para un fundado análisis de la situación, por otra puede difuminar la visión de las raíces sobre las que el conflicto podría haberse fundamentado. Con la apertura de numerosos frentes (histórico, político, económico, cultural, étnico...) por parte de todos y cada uno de los agentes implicados en el conflicto, se reducen claramente las posibilidades de dilucidar un horizonte cuanto menos optimista para la completa satisfacción de un análisis de la mesa de negociación, entre otros muchos factores que, poco a poco, iremos desgranando y que han condicionado indudablemente las diversas situaciones.
La hipótesis vertebradora de la que parte el estudio es claro y diáfano: las tomas de contacto que se produjeron entre la banda terrorista ETA y el Gobierno español, presidido entonces por José María Aznar, del Partido Popular, entre diciembre de 1998 y mayo de 1999, no fueron negociaciones como tal si nos atenemos a las directrices propuestas. La reuniones que allí se produjeron, y que se mantuvieron en el más absoluto secreto hasta tiempo después, no supusieron el fracaso de una negociación, sino la constatación de dos puntos de vista absolutamente divergentes entre los asistentes, algo que por otra parte no debería de ser un obstáculo insalvable para concluir en una exitosa negociación, y de ello se han dado buenos ejemplos a lo largo del siglo XX. En cambio, y en este caso, no se dieron casi ninguna de las premisas fundamentales que hubieran podido conducir a una salida válida para las delegaciones: las numerosas causas que explican el fracaso las iremos exponiendo a lo largo del análisis con el fin de apoyar la hipótesis inicial.
Las peculiaridades del conflicto vasco, respecto a otros, se centran en su carácter endémico. Aunque la actividad terrorista tiene menos de cincuenta años, los enfrentamientos, las reivindicaciones y las tensiones han perdurado durante décadas y, para algunos, durante siglos. La multiplicación de actores intervinientes es otros de los principales obstáculo; son sólo algunos ejemplos que intentan demostrar la complejidad de cuanto ha acontecido y refuerzan la idea de que, con estos antecedentes, una verdadera negociación ETA-Gobierno español nunca ha existido, indistintamente del Ejecutivo: fechas y condiciones diferentes, diversos actores, circunstancias y situaciones, pero bajo el mismo signo del fracaso por inexistencia.
Las acciones de ETA y la respuesta del Estado
Bilbao, 31 de julio de 1959. Un grupo de estudiantes radicales disidentes denuncian la pasividad y el acomodo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de sus acciones y fundan Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad). Es el nacimiento de ETA con cuatro pilares básicos: la defensa del euskera, el antiespañolismo, el etnicismo –como fase superadora del racismo- y la exigencia de integración de los territorios vascos: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa (en Francia).
Su primera acción violenta se produce en 18 de julio de 1961: intento fallido de descarrilamiento de un tren que transporta voluntarios franquistas que se dirigían a San Sebastián para celebrar el alzamiento. En estos primeros años la policía persigue a sus miembros, que se dedican a colocar artefactos sin apenas consecuencias. Se definen como ‘organización clandestina revolucionaria’ y defienden la lucha armada como medio para conseguir la independencia
Las primeras víctimas son militares, guardias civiles y policías. Sus detenciones y posteriores juicios tienen ya una gran repercusión mediática nacional e internacional; de hecho a cinco de los etarras se les conmuta la pena de muerte por reclusión mayor tras la fuerte presión ejercida por las cancillerías europeas.
La banda logra su mayor golpe de efecto con el asesinato del almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en un espectacular atentado en la calle Claudio Coello de Madrid. Será la época de los atentados masivos con 12 civiles muertos y 80 heridos junto a la Dirección General de Seguridad. El debate interno sobre este atentado provoca la primera escisión importante en la organización: los ‘milis’ de Eta militar, partidarios de la insurrección popular, se desmarcan de los ‘polimilis’ de Eta político militar, que apuestan por la violencia selectiva y por una salida negociada al conflicto. La amnistía decretada en 1977 afecta también a los etarras detenidos durante la dictadura franquista.
Durante los años 80 continúan recrudeciéndose las acciones como la del Hipercor de Barcelona con 21 muertos y 45 heridos. En 1982 desaparece ETA político militar y comienza la ‘guerra sucia’ de los GAL. El 29 de marzo de 1992, pocos meses antes de la Expo ’92 y de los Juegos Olímpicos de Barcelona, se produce una de las mayores operaciones contra ETA. Tras una exhaustiva investigación de la Guardia Civil, la policía francesa detiene a la dirección de la banda terrorista, en un chalet de la localidad de Bidart. Esta actuación policial provocó la mayor crisis registrada hasta entonces en el seno de la banda criminal. El ‘golpe de Bidart’ obliga a ETA a recomponer su dirección, reorganizar su entramado civil y extremar las medidas de seguridad.
A mediados de los ’90, la dirección de ETA decide cambiar de objetivos y comienza a asesinar concejales del PP y del PSOE. En 1995 atenta contra el entonces líder de la oposición José María Aznar. Uno de los episodios más negros de la banda se produce en 1997 cuando secuestra al concejal del PP en Ermua Miguel Angel Blanco e impone un ultimátum de 48 horas para que todos los etarras sean acercados a cárceles vascas; el Gobierno no cede y Blanco es ejecutado. Despierta entonces en la sociedad española un concienciación social mucho mayor en contra del terrorismo: nace el espíritu de Ermua.
El número de asesinatos de ETA ha ido descendiendo desde 1998 por la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, español y francés, la acción de la justicia contra la financiación, el entramado social abertzale y la unidad de los grandes partidos políticos. Unidad que, actualmente, se tambalea.

CUESTIONES PREVIAS A 1998

ETA ante la transición y los contactos con la UCD

Como se ha podido observar, la estrategia de ETA bajo la dictadura franquista no se desviaba de una línea dura de confrontación con el ‘Estado opresor’ y con el que no contemplaba la negociación de ningún tipo. El Estado, por su parte, ponía en marcha toda su maquinaria contra la banda, incluso decretando la pena de muerte a algunos de ellos; obviamente tampoco el Gobierno franquista pensaba en encontrar una solución negociada. Cuando comenzó a vislumbrarse un proceso de transición, las disidencias internas provocan la aparición de una facción dispuesta a negociar: veían en la ‘muerte’ de la dictadura, en contra de lo que pudiera pensarse, una mala época para la banda y un momento idóneo para ensayar una ‘vía política’.
Durante los gobiernos de la UCD, las dificultades de llegar a un acuerdo sobre los dos frentes a la vez (‘polimilis’ y milis’) convenció al entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, a abrir dos líneas de posible negociación. El ideario de ETA político-militar, partidaria de encontrar una solución política al conflicto para acabar abandonando las armas, parecía la más razonable sobre la que insistir. De esta manera, se estableció la primera reunión con esta facción el 30 de noviembre de 1976 en la suite del hotel D´Avelles (Ginebra). Hasta allí se trasladó Ángel Ugarte, entonces jefe del SECED –antiguo servicio secreto- que se reunió con Javier Garayalde, ‘Erreka’, mano derecha del cabecilla de ETA pm, Pertur, y Jesús Muñoa Galarrago, ‘Txaflis’. Esta reunión precedió la celebración de otras tres, con la interlocución gubernamental del periodista Jose María Portell, enviado directo de Suárez.
No hubo acuerdos concretos pero sí acercamientos, dinamitados más tarde por el asesinato del Portell a manos de ETA y del propio Etxabe, víctima de un atentado días después.
La fecha clave de la etapa de UCD es, sin duda, 1981. Ese año, con Calvo Sotelo al frente del Gobierno, llegaron las negociaciones entre el ministro del Interior, Juan José Rosón y los máximos representantes de ETA pm. La clave de los diálogos fue el Plan de Reinserción Social, que aceptó Rosón para los etarras que no tuviesen delitos de sangre y los exiliados de esta sección de ETA. La negociación funcionó y el 30 de septiembre de 1982 llegó la disolución de ETA pm, que optó por la vía política. La mayoría de sus miembros se integró en la coalición Euskadiko Ezkerra. El sector disidente de la banda decidió continuar con la lucha armada.
Tal y como iremos comprobando, esta negociación se considera la única fructífera, hasta ahora, entre ETA y un Gobierno español, pues en ella se planteó una agenda, se acordaron posiciones, cada parte fue aproximándose hasta una zona de acuerdo... y pudieron firmarse unas condiciones de disolución en contrapartida a otro beneficios. Ahora la responsabilidad democrática era encontrar una solución para ETA militar.

Conversaciones de Argel

La llegada de los socialistas al Gobierno de España, en 1982, se produce bajo una elevada sensación de euforia. El cambio político que entonces se iniciaba daba el poder a un grupo de políticos sin experiencia pero con nuevos aires que pretendían abanderan un proceso de grandes transformaciones en el país. La nueva actitud del Ejecutivo español pudo suponer también un impulso para que la banda terrorista iniciara los primeros contactos para una posible reunión con este ‘nuevo Gobierno’. Pero sólo una facción del grupo estaba dispuesta a llevar a cabo este tipo de actuaciones, la encabezada por el etarra Txomin, en aquellos momentos uno de los cabecillas de la banda, y partidario de una salida política para ETA. En contra de él tenía al sector más radical, KAS, con fuerte presencia en todo el movimiento abertzale.
Txomin consideraba que con la llegada de la democracia, la banda debía reflexionar acerca de su futuro, por dos motivos principales: desaparecida ya la "opresión franquista", parecía un sinsentido continuar con la lucha armada; esta reflexión se acompañaba de un mal augurio del propio Txomin, que vaticinaba una época de "vacas flaca" para la organización. El sector KAS tampoco se negaba en redondo a una apertura de negociaciones, pero prefería posponerlo y "presionar" ahora a todos los agentes sociales y políticos, justificando sus acciones terroristas como una acción-reacción-acción, y que significaba atentar tras las operaciones policiales en las que se detenía a etarras o se incautaba material y documentación.
No es hasta 1987 cuando el gobierno del PSOE admite por primera vez ante la opinión pública contactos con los terroristas. Pero se cuida muy mucho de denominarlo negociación, y prefieren asegurar que ha existido un "diálogo". Ciertamente los términos difieren en su significado, pero no ante la opinión pública, que tanto ahora como después, nunca sabrá distinguir entre ambos vocablos y siempre estará mayoritariamente en contra de cualquier toma de contacto con el grupo terrorista –un lastre que acompañará a todos los ejecutivos durante sus mandatos-.
Entre 1986 y 1994 el gobierno de Felipe González mantiene un mínimo de seis encuentros con ETA en la ciudad africana de Argel. El período más fructífero se produce entre marzo y junio de 1990 con hasta cuatro reuniones. Las delegaciones comienzan siendo bastante numerosas, sobre todo por parte del gobierno, para ir reduciéndose con el objetivo de lograr una mayor intimidad, lo que provocaría más distensión y fluidez en la conversación. Al primer encuentro, en noviembre de 1986 acuden, entre otros, Rafael Vera, a la sazón Secretario de Estado para la Seguridad y Txomin. La conversación resulta ‘satisfactoria’ y establecen una nueva fecha para otro encuentro en la misma ciudad, en febrero del año próximo. De camino a Argel, Txomin muere en un accidente aparentemente fortuito y, con él, todo el ala más proclive a la negociación. Este hecho es, tal vez, el primer gran obstáculo con el que se encuentra el Estado en los procesos de acercamiento a la banda terrorista.
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El tiempo demostraría que la muerte de Txomin sólo supuso un aplazamiento de las nuevas fechas. Ni siquiera el coche bomba puesto por la banda en noviembre de 1987, y que mató a cinco hijos de guardias civiles, paralizó completamente las acciones del gobierno. Los contactos continuaron en aquellos meses aún bajo la insistencia de los portavoces gubernamentales de que se habían roto los contactos.
Esta imperiosa necesidad de mantener los contactos con la mayor discreción posible, incluso aunque hubiese que mentir ante la opinión pública también impuso, e impondría más tarde, muchas trabas al proceso. La decisión del gobierno de Felipe González de establecer una ronda de conversaciones con la banda terrorista y su entorno supuso, por primera vez, la legitimación de ETA como interlocutora válida en el proceso, con el riesgo que aquello conllevaba porque, en enero de 1998, la banda emite un comunicado en el que anuncia: "el inicio de las conversaciones con el gobierno español supone un reconocimiento de la legitimidad de la lucha desarrollada por el pueblo trabajador vasco, con ETA a la cabeza". Es decir se mostraban abiertamente como representantes de toda la sociedad vasca y aseguraban entender, con estos gestos, que se justificaban sus acciones. Declaraciones de este tipo minaban poco a poco las posibilidades que unos y otros tejían alrededor de una solución viable; un factor, el de el doble juego ‘de cara y de espaldas’ a la opinión pública, que marcará toda relación futura.
En enero de 1989 ETA declara una tregua como gesto de buena voluntad. Rápidamente se produce un nuevo contacto, pero en esta ocasión la reunión se producirá al más alto nivel: el mismísimo José Luis Corcuera, ministro del Interior, acude a la reunión, acompañado Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad y Juan Manuel Echegaray, miembro de la ejecutiva federal del PSOE. Por parte de Eta acude la plana mayor de la banda, entre los que se encuentran Antxon y Belén González Peñalva, ‘Carmen’. En aquella reunión se decide formalizar una mesa de negociaciones, elaborar un calendario común de trabajo, se crean las figuras de interlocultores y asesores y se aprueba la participación de Argelia como mediador y moderador. Supone un gesto político de gran trascendencia elegir a representantes con un puesto elevado en la jerarquía gubernamental pues impregna la reunión de una gran importancia, al margen de las consecuencias que aquello pueda tener.
El ministro Corcuera también acudirá a las próximas tres reuniones, que finalizan, en cambio, sin acuerdo. La opción de ETA en estos encuentros es eliminar la cuestión de los presos del acta del día para no dar pie al Gobierno para usarlos como moneda de cambio. Es decir, deciden no cambiar "paz por presos" y sí "paz por soberanía", algo a lo que no están dispuestos a ceder los representantes del Ejecutivo por boca del ministro del Interior. No será sólo la falta de entendimiento lo que agote la vía de Argel, tras cuatro reuniones, sino la mencionada estrategia de decir ‘otra cosa ante los medios de comunicación de lo prometido entre cuatro paredes’.
Los próximos contactos tendrán lugar, entre marzo y junio de 1990, en la República Dominicana, hasta donde viaja un emisario del Gobierno y militante del PCE, Angel Guerrero, que intentará suavizar la encrispada relación entre las partes tras un abrupto cierre de las conversaciones en la ciudad africana. Superadas las muchas condiciones que unos se imponen a los otros, como el lugar, las imposiciones, los gestos, etc., se crea una nueva mesa de negociación en el país caribeño, en octubre de 1993. Durante este reunión se ponen, de nuevo, de relieve las distensiones internas de la banda con el MLNV: a partir de ahora el interlocutor válido para los temas políticos será HB –por aquel entonces-, que negociará las cuestiones de la autodeterminación y la unidad territorial con Navarra. Con ETA sólo se negociará la supervivencia o salida de la propia organización; una bicefalia que termina por romper el sistema de comunicación entre las partes.

Intento de mediación: la reunión de Washington

Cabe destacar aquí un episodio muy relevante para el estudio de los procesos de negociación del conflicto vasco y del que existe poco documentación. En septiembre de 1991, y a instancias del gobierno norteamericano, se reúnen en la ciudad de Washington todos los partidos políticos representados en el Parlamento de Vitoria para tratar el tema e intentar establecer un orden de prioridades que facilite la puesta en marcha de un proceso dialogado. En la reunión, además, está presente una delegación del gobierno de los Estados Unidos, que actúa como anfitriona. Como mediador y figura central de la reunión se sitúa Juan Gutiérrez, presidente del Gernika Gogoratuz –Centro de Estudios para la Paz-. A propuesta de la mediación y de los consultores estadounidenses se propone aparcar las ideas irreconciliables e ir buscando, poco a poco, consensos. Esto suponía que ETA no pusiese sobre la mesa la única reivindicación de la soberanía y que los partidos antepusiesen la disolución de la banda a otras propuestas: Gutiérrez propuso una "brain storming" que sólo puso de manifiesto la absoluta divergencia entre todos y cada uno de los partidos políticos vascos y grupos y colectivos allí representados. Una vez más, la esperanza de comenzar a andar, se detenía incluso antes de haber dado el primer paso.

LA ¿FALSA? TREGUA DE ETA Y EL MARCO CONCEPTUAL

Eta "socializa el sufrimiento"

El continuo fracaso de los contactos -no de la negociación- que venían sucediéndose desde 1986, lleva al MLNV a redirigir sus estrategia en 1995. El movimiento abertzale observa que ha ejercido presión, en todos los sentidos, sobre pocos actores intervinientes en el conflicto y por ello, decide llevar a cabo lo que denomina "socialización del sufrimiento", es decir, ampliar el abanico de atentados a otros sectores para que cada vez más colectivos presionen al Gobierno a que negocie. La oleada de asesinatos de aquellos meses deja constancia de la puesta en práctica del nuevo plan con el objetivo de que, ante una posible claudicación del gobierno para sentarse a negociar, éste suavice sus condiciones.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, la estrategia del Estado se endurece en su vertiente policial: impone una política antiterrorista basada en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y aparca la "vía negociadora" que los socialistas habían puesto en práctica hasta poco antes de la Elecciones Generales. Las grandes operaciones policiales llevadas a cabo durante los dos primeros años de la legislatura provoca reflexiones importantes en el seno de Eta. En un documento incautado al etarra ‘Kantauri’ ese año el responsable de los comando operativos asegura: "las negociaciones suelen producirse en un momento de empate técnico. De lo contrario provocaría que uno de los dos rentabilizase el proceso (...) En una situación de debilidad, el Estado negocia a la baja".
No por ser evidente la reflexión de ‘Kantauri’ deja de tener el informe una importancia vital para entender lo que sucedería en los próximos meses. Con una estructura operativa muy debilitada, ETA acude a su más cercano entorno y comienza un proceso de diálogo con las fuerzas nacionalistas moderadas y radicales para plantearse una nuevo escenario.

El fin del Pacto de Ajuria Enea

En 1988 todos los grupos políticos del País Vasco, junto a numerosos colectivos, sindicatos.... firman el Pacto de Ajuria Enea, un documento que sentaba las bases de actuación ante el conflicto vasco y que suponía defender unos compromisos adquiridos en el Estatuto de Gernika. Así se expresan cuando los firmantes aseguran: "tanto las disposiciones positivas que contiene como estas reservas cautelares, unidas a la Disposición Adicional Primera y a las posibilidades que ofrece al artículo 150.2 de la Constitución, hicieron que el Pueblo Vasco viera en el Estatuto de Gernika un instrumento válido para la progresiva satisfacción de sus aspiraciones y lo refrendara por amplia mayoría". Aspiraciones que, en aquel momento, se dirigían a la búsqueda de un mayor grado de autogobierno, aumentando las competencias que el Estatuto otorgaba. En ese documento también se refleja la absoluta condena del terrorismo: "el uso ilegítimo y reprobable del terrorismo, además de suponer la expresión más dramática de la intolerancia y del exclusivismo, un inadmisible desprecio de la voluntad popular y un atentado contra los derechos fundamentales de la persona". Así de contundentes se muestran en su condena de la violencia de ETA, a la que acusan, incluso, de entorpecer el camino para alcanzar unas mayores cuotas de autonomía: " (la actividad terrorista se muestra) no sólo ineficaz, sino perjudicial para la consecución efectiva del autogobierno a que el Pueblo Vasco aspira, erigiéndose así en un importante obstáculo para la satisfacción de sus aspiraciones".
El tiempo parece haber demostrado que los términos de Ajuria Enea suponían un buen documento de bases para iniciar los procesos que desencadenasen un final de la actividad sangrienta de la banda, aunque sólo existiese para presentar un frente común de los grandes partidos y colectivos implicados en el conflicto, a excepción del MLNV que, obviamente, se situaba fuera de este marco.
Desde la óptica de una salida negociada, no obstante, el pacto también puede ser analizado como el desencadenante de una sensación de aislamiento del movimiento abertzale por parte del resto de fuerzas políticas y sociales, y que podría haber provocado una reacción sangrienta de la banda. Al verse aislados completamente, ETA adoptó una actitud defensiva que le impidió proponer algo distinto a su Posición Más Favorable, el derecho de autodeterminación y su consecución, como veremos más adelante.
El movimiento de retorno sobre sí mismos que el entorno abertzale inició en 1997 dio lugar a una serie de conversaciones, entre otros colectivos, con el Partido Nacionalista Vasco y que desembocaría en la declaración de Lizarra.

La firma del Pacto de Lizarra-Estella

El 12 de septiembre de 1998 se firma una declaración en la localidad navarra de Estella entre numerosos colectivos y fuerzas políticas como PNV, HB, EA e IU. La firma dejaba fuera al PSOE y al PP. Es un texto corto pero muy intenso que comienza con una explícita comparación entre los conflictos irlandés y vasco. Consideran los firmantes que la vía irlandesa puede ser extrapolable al País Vasco y ofrecen su visión del proceso del acuerdo de paz de Irlanda del Norte. En su "potencial aplicación para Euskal Herria" la declaración comienza diciendo: "el contencioso vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en que se ven implicados el Estado Español y el Estado francés. Su resolución debe ser necesariamente política". En cuanto al método utilizado para la consecución de la paz, o su intento, los firmantes aseguran: "la resolución política sólo puede plasmarse a través de un proceso de diálogo y negociación abierta, sin exclusiones respecto de los agentes implicados y con la intervención de la sociedad vasca en su conjunto".
El proceso que de dialogo y negociación que, según ellos, debe establecerse, "puede propiciarse con conversaciones multilaterales que no exijan condiciones infranqueables para los agentes implicados, a fin de que el diálogo pueda producirse". Como puede observarse el giro ofrecido por la nueva declaración parece cohesionar las fuerzas políticas y sociales con fuerte presencia en el País Vasco y confirma el alejamiento ideológico del resto de partidos. Es importante destacar este hecho, pues marcará de manera definitiva el acercamiento posterior entre el Gobierno del PP y la dirección de ETA.
En la declaración de Lizarra, que acepta los planteamientos independentistas y evita toda alusión a un posible acuerdo para alcanzar más cuota de autogobierno, sí hay ya referencias implícitas a una aspiración soberanista: "El acuerdo de resolución no contendrá escenarios cerrados y de carácter definitivo, sino que posibilitará marcos abiertos donde puedan tener cabida nuevas fórmulas que den respuesta a la tradición y aspiraciones de soberanía de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria".
Estella supone además la apertura de una brecha entre las fuerzas democráticas: de esta manera quedan divididas en partidos constitucionalistas, partidarios de una política antiterrorista basada en las actuaciones policiales y que descarta cualquier proceso negociador, y los partidos nacionalistas que, si bien continúan rechazando cualquier tipo de violencia, excusan algunas actitudes de la izquierda abertzale y apoyan la apertura de un frente dialogado con aspiraciones independentistas

ETA anuncia una tregua

Sólo cuatro días después de la firma oficial de la declaración de Lizarra, la banda terrorista ETA anuncia un tregua y lo hace en estos términos: "teniendo en cuenta la situación de Euskal Herria (...) Euskadi Ta Askatasuna anuncia por su parte, la intención de dar comienzo a una paralización general e indefinida de sus acciones armadas, reduciendo sus quehaceres a los comunes trabajos de abastecimiento, mantenimiento estructural y al derecho únicamente defensivo en los posibles enfrentamientos. Esta tregua comenzará el 18 de septiembre de 1998".
Con esta declaración de intenciones, la banda aseguraba dar "un paso decisivo en el camino de la independencia" con una tregua total, unilateral e indefinida, por primera vez en su historia. Es interesante ir mencionando ya algunas de las justificaciones históricas de ETA para defender sus actividad armada y, en general, su visión del conflicto. La banda considera que la verdadera defensa del País Vasco, tal y como lo entienden, sólo ellos han sido capaces de defenderla. Dicen: "que aún siendo imprescindible el trabajo y el esfuerzo de todos los ciudadanos en la creación de Euskal Herria, hasta ahora solamente la Izquierda Abertzale ha atendido a ese aspecto, con una postura clara y profunda. Hasta hoy hemos tenido que andar un camino duro, largo y complicado, a cambio de implicarnos en esa labor, soportando represión y todo tipo de ataques. Pero gracias al trabajo hecho, hoy en día tenemos una oportunidad incomparable..." Es decir, ETA se autoproclama responsable del acuerdo de Lizarra por el que las fuerzas nacionalistas se unen en pro de una soberanía territorial, económica y política.
En el comunicado también explican cuál es, al margen de la veracidad o no de sus palabras, la razón por la que anuncian la paralización de sus acciones: "(...) el conflicto es el de siempre, lo que ha cambiado es la posibilidad de dar pasos nuevos en ese conflicto, la situación nueva que viene de un cambio en la correlación de fuerzas". Era la prueba definitiva que relacionaba Estella con la tregua y que descubría el nuevo frente nacionalista que defendía un nuevo escenario.

Las reacciones a la tregua no tardaron en producirse. Entre los primeros se encuentra el presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, Bill Clinton que, a través de su portavoz P.J. Crowley, consideraba el anuncio muy positivo y relacionaba rápidamente el conflicto vasco con el irlandés: "si Irlanda del Norte puede superar 30 años de violencia sectaria, hay esperanzas para otros lugares del mundo". Los sindicatos ELA y LAB consideraban el anuncio una "excelente noticia que saludamos con satisfacción y esperanza". Con un tono más agrio que dulce acogía el Gobierno la noticia. Por boca del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el Ejecutivo aseguraba: "ante esta iniciativa que hoy conocemos de ETA, está la necesidad más que nunca de poner el acento en la cautela y en la prudencia (...) El tiempo será el juez que determine la sinceridad, la autenticidad, la profundidad de esta decisión".
Muchos pensaron que la tregua era una trampa. En el tiempo que durase la paralización de las acciones, el Gobierno ya consideraba que lo utilizarían para rearmarse pues se encontraban en una situación de gran debilidad. La cercanía de las elecciones vascas también parecía justificar el anuncio de la tregua. El problema para el Gobierno, una vez más, era la declaración pública: debían transmitir cautela y prudencia en todo momento, pero tampoco podían desacreditar por completo la acción de la banda, pues ello supondría echar por tierra las escasas opciones que se habían dado a ellos mismos de entablar un proceso dialogado que llevase al fin de la violencia y a la consecución de la paz.
El Ejecutivo español comprende desde el primer momento que el siguiente en dar un paso es él. La tregua, verdadera o falsa, era un "un balón puesto en su tejado" que había que devolver; y tardan menos de 5 días en realizar las primeras acciones. El 21 de septiembre 1998, Aznar inicia una ronda de contactos con los partidos políticos y el 2 de octubre anuncia cambios en la política penitencia. Es el primer gesto del Gobierno: cuatro etarras con problemas de salud son acercados a cárceles vascas.
Tras las elecciones en el País Vasco, donde la antigua Herri Batasuna, en ese momento Euskal Herritarrok, obtiene tres escaños más que en las anteriores, el 4 de noviembre Aznar autoriza a iniciar contactos con el entorno de ETA a través del Secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el Secretario General de Presidencia, Javier Zarzalejos. Sólo un día más tarde, ETA hace pública su primera condición: que los partidos políticos que se han comprometido, cumplan con los preceptos del Pacto de Lizarra, lo que presupone un primer toque atención de la banda ante los recelos que la firma de la declaración ha despertado en las esferas no nacionalistas.

El primer contacto con la izquierda abertzale: la reunión de Juarros

Poco se sabe y pocos saben que el Gobierno del Partido Popular mantuvo un contacto con la plana mayor de Herri Batasuna antes de la reunión en Zurich, tres meses después de anunciada la tregua. Fue en la localidad burgalesa de Juarros, el 11 de diciembre de 1998 y en ella estuvieron presentes ocho personas. En representación de HB asistieron dos de los principales representantes de la Mesa Nacional, Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, junto al secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga. En representación de Aznar (así al parecer se presentaron y no como emisarios de todo el Gobierno) asistieron Fluxá, Zarzalejos y Pedro Arriola, sociólogo y asesor personal del presidente del Gobierno en temas terroristas. Una octava persona, sin identificar, y de gran relevancia social, asistió como mediador y fedatario. Siempre según el diario Gara el encuentro comenzó con un discurso de Zarzalejos que intentó enmarcar la situación que allí les había conducido "con el único objetivo de confirmar si la tregua abierta por ETA en septiembre podía convertirse en definitiva". Obviamente esta afirmación no habría sentado nada bien a los representantes de HB y tuvo que ser Arriola quien interviniese para realizar un discurso más cercano a sus interlocutores. Al otro lado de la mesa, Otegi y Díez aprovecharon para abordar las cuestiones políticas pendientes, según ellos, "con un criterio previo: HB consideraba (...) que al Estado Español no le corresponde más papel que el de respetar las decisiones que se adopten en Euskal Herria". Los emisarios de HB también plantearon cuestiones como la territorialidad o el derecho de decidir.
Según cuenta el diario, el tono de la reunión fue frío pero muy correcto. Cuenta que el Ejecutivo admitía que había un nuevo escenario político después de Lizarra pero que les descolocaba y preguntó a HB su papel en este nuevo espectro. Arriola aseguró también que el Gobierno aceptaba la existencia de dos ámbitos de interlocución: uno con HB y otro con ETA, y que éste último se abriría en su momento; por último dejó claro que aquella reunión no era sólo una "toma de temperatura" sino el inicio de un proceso serio para ir ganando confianza.
Por su parte HB intentó convencer a los representantes del Gobierno de que efectivamente había una "oportunidad histórica para responder de forma definitiva a un conflicto histórico" y planteó incluso conformar una agenda de temas sobre el conflicto y sus claves de resolución de cara a una eventual segunda reunión, que nunca se produjo.

La marcha de la tregua y la reunión de Zurich

Tan solo diez días después de la reunión de Juarros, ETA impone su segunda condición para el mantenimiento de la tregua: el derecho de autodeterminación del País Vasco, declaración confirmada posteriormente en un video emitido por la cadena autonómica vasca ETB. La tregua tiene ya demasiados lastres para parecer definitiva y comienzan los movimientos de fichas para una reunión entre ETA y el Ejecutivo.
La reunión no tarda en llegar. El 19 de mayo de 1999 un grupo de guardias civiles espera a los representantes de ETA (Mikel Antza, entonces jefe del aparato político de la banda, Vicente Goikoetxea y de nuevo Belén González Peñalba, ‘Carmen’) en un antiguo puesto militar a las afueras de Zurich y les conducen al lugar de encuentro. La reunión cuenta con un moderador, el entonces obispo de Bilbao, Juan María Uriarte (se dice que fue él también el fedatario de la reunión de Juarros). Allí se encontraban ya los mismos tres representantes del Gobierno que en el encuentro con HB: Zarzalejos, Fluxá y Arriola. Según cuentan el encuentro fue extenso pero no dio para más que el simple hecho de constatar la divergencia (que ya se imaginaban), pero además, que ninguno estaba dispuesto a dar su brazo a torcer en algún punto antes de que la otra parte lo hiciese primero.
Pocos meses después de aquello, el 16 de agosto de 1999, The New York Times publica una información en la que Arzalluz, presidente del PNV, destapa algunos detalles del encuentro. Cuenta que ETA pidió "el reconocimiento del derecho de autodeterminación" a lo que respondieron: "el Gobierno nunca aceptará la escisión de una parte de España o el derecho de los vascos a decidirlo individualmente".
Juarros y Zurich fueron perfectas demostraciones de cómo se sale de una reunión igual o peor de lo que se ha entrado.
Pocos meses después ETA anunciaba que se negaba a seguir adelante con los contactos y, en noviembre, asegura a través de un comunicado que rompe la tregua. En él atribuía la responsabilidad de la ruptura del camino a la paz al PNV y EA por no avanzar en los objetivos de ‘construcción nacional’. En enero de 2000 Pedro Antonio Blanco García, teniente coronel del Ejército, es asesinado por Eta. Era la confirmación de que la banda no había dejado las armas.
Aplicación del modelo de negociación a los encuentros de Juarros y Zurich
Como se expone en la contextualización del marco conceptual del estudio sobre la negociación, en el conflicto que nos atañe partiremos de una concepción holística de la paz, esto es, la búsqueda de una solución no sólo de una ausencia de violencia sistemática, organizada y directa, sino que entenderemos la paz también como ausencia de una violencia estructural, indirecta, o como quiera denominarse, además de la propia violencia en sí. Entender la paz con un carácter restringido, sería aceptar la tregua promovida por ETA en septiembre de 1998 como el logro de la paz o, cuanto menos, como una solución intermedia, una "zona gris" que nos desviaría de nuestra solución final.
Ahora bien, ¿cómo pretenden acercarse cada uno a la paz? Si seguimos la clasificación que Raymond Aron realiza de las diferentes tipologías de paz, podríamos afirmar que el Estado Español, a través de los diversos gobiernos, ha buscado sistemáticamente, a excepción de determinados momentos, una paz de hegemonía, haciendo valer su fuerza como Estado de Derecho, pero también una paz de exterminio, pues su objetivo final es la desaparición del oponente. Este principio anula ya casi automáticamente, la posibilidad de entablar conversaciones sino es para la constatación de una derrota y escuchar las exiguas condiciones que se imponen para ella.
La insalvable diferencia de recursos entre las partes en conflicto deja a Eta pocas opciones para elegir: su búsqueda de la paz únicamente puede ser consensuada con la otra parte, lo que se denomina una paz confederal, sobre la base de un acuerdo. No es, por tanto, una sorpresa que la banda siempre haya sido la primera en entablar contactos para una reunión, pues es consciente de que sólo así podrá satisfacer sus pretensiones. Eta siempre se ha visto a sí misma como la parte débil del conflicto.
Los infructuosos mecanismos de resolución de conflictos planteados por ambas partes durante la oportunidad que se brindaron tras la tregua anunciada por ETA en 1998 no responden a casi ninguno de los preceptos del marco conceptual, pero tal vez sea interesante precisamente analizar por qué no se dieron esas condiciones, y las que se dieron, por qué fracasaron.
La aplicación del modelo establece dos momentos decisivos que marcan la pauta del inicio de una salida negociada: el estancamiento doloroso y/o el punto crítico. En cuanto al primero, ¿existe alguna posibilidad de salir mediante la intensificación de los niveles de enfrentamiento? Tanto en 1998 como durante toda la historia de la banda terrorista, el Estado Español siempre ha estado en condiciones de asumir la continuación del conflicto. Los costes que acarrean, desde un punto de vista superficial pero necesario, no han resultado nunca decisivos como para sentarse a la mesa negociadora como principal o única vía de resolución. Por tanto, las reuniones de Juarros y Zurich son más comprensibles como "oportunidades de asestar un golpe final".
La segunda de las motivaciones es el punto crítico, que establece la negociación como solución tras el convencimiento de las partes de que se encuentra en un estancamiento perjudicial para ambas. Las conversaciones que han existido siempre han sido elegidas en el tiempo y en la forma por el Estado Español y, en el caso que nos atañe, nunca ha existido un punto de inflexión que otorgase un papel protagonista a la posibilidad de negociar como alternativa real. ¿Puede que el conflicto vasco no haya madurado lo suficiente como para arrivar a un punto muerto que desencadene procesos pacíficos de solución?
Detengámonos ahora en los objetivos de cada una de las partes. Parece demostrado, hasta el momento, que ninguna de ellas acudió a ninguna de las reuniones con objetivos reales de negociación. Mas bien todo lo contrario pues han sido los objetivos espúreos los predominantes en este caso. Aunque ETA haya demostrado en su historia que siempre ha abanderado el inicio de los contactos, su ímpetu por sentarse a la mesa parece responder más al puro interés por sentirse legitimada, por observarse como interlocutor válido, que por el hecho mismo de buscar una solución. Sentarse junto a los representantes del "Estado opresor" le confería un papel en el conflicto vasco, y una representatividad, que cada atentado les quitaba, aunque para presionar al Estado antes de una posible negociación los muertos fuesen buscados estratégicamente. Por su parte, el Gobierno del PP estableció contactos con el entorno abertzale en una situación de gran debilidad de la banda; con las reuniones pretendía realizar un sondeo de la veracidad de la tregua, testear su fuerza y aprovechar su situación para proceder a un definitivo aniquilamiento. En resumen, pocas esperanzas para una reunión a la que las partes venían si el objetivo de lograr una acuerdo.
El contexto histórico, político, social y económico en el que se circunscribe el conflicto vasco posee unas ramificaciones de tal dimensiones, que resulta ineludible pensar que su interferencia ha sido uno de los pilares clave que explican el fracaso de cualquier intento de negociación. Entre los numerosos factores fundamentales se encuentra el enquistamiento histórico del problema, que algunos datan de hace siglos, y que ha plagado de odio y venganza la situación actual. Una de las grandes dificultades que continúa lastrando la operación es, sin duda, la multiplicidad de actores. El espectro político y social que toma parte en la cuestión es tan amplio que resulta muy complicado aunar posiciones entorno a dos o tres líneas comunes. Hay que destacar aquí el papel que ha tenido en todo momento el PNV. Desde una posición que podríamos denominar intermedia –a caballo entre la condena de la violencia y la exigencia de soberanía de los territorios vascos- el PNV siempre ha querido actuar de bisagra. Sin entrar a valorar su predisposición real al fin definitivo de la violencia, lo cierto es que el PNV ha adoptado en ocasiones actitudes ambiguas que han impedido un correcto desarrollo de los acontecimientos, minando los caminos convergentes. En otras ocasiones, su ambición por protagonizar los hechos ha puesto trabas a las negociaciones, o ha acelerado su fracaso al no verse correspondido.
Los medios de comunicación y la opinión pública han jugado un papel preponderante en esta cuestión. La búsqueda de notoriedad y la necesidad de justificación por ambas partes ha dificultado contactos discretos, ha difuminado mensajes y ha obstaculizado relaciones directas entre las partes. La necesidad de ofrecer diferentes rostros ante a la luz pública y tras ella emite normalmente un doble mensaje que crea confusión. Tanto ETA como el Gobierno del PP debían realizar duras declaraciones sobre lo ocurrido para no resultar débiles; cuestión de imagen. Finalmente los dos han acabado actuando, tanto en el momento de las conversaciones como durante toda la tregua, influidos por las distintas reacciones del resto de actores en liza.
Algunos de los lastres más con los que había ido cargando la negociación antes de concebirse siquiera, son las presiones internas de las partes, en las que se enmarca la dualidad HB – ETA antes mencionada, o la existencia de los GAL (Grupo Antiterrorista Liberal), que permitió a la izquierda abertzale justificar las acciones de ETA durante mucho tiempo.
Si nos ajustamos a la aplicación del modelo de Kennedy, Benson y MacMillan, podemos sintetizar las aspiraciones finales de cada uno y por qué finalmente ninguna de las reuniones resultó útil a efectos de paz. La Posición Más Favorable (PMF) de Eta sería sin duda conseguir la independencia de los territorios vascos del resto del Estado Español, momento a partir del cual abandonarían las armas. Éste último punto es la PMF del Estado, pero no está dispuesta a aceptar esa condición. Por el contrario, los dos estaban dispuestos a realizar algunas acciones que acercasen posiciones. Así, ETA anunció una tregua, condición sin la cual el Gobierno del PP no habría compartido mesa con la banda. También el PP movió ficha y acepta una de las reivindicaciones históricas de ETA: el acercamiento de presos. El 15 de octubre de 1998 (menos de un mes tras el anuncio de la tregua) anuncia el traslado de cuatro presos a cárceles vascas y el 7 de mayo de 1999 (12 días antes de la reunión de Zurich) hace lo propio con 304 presos; ese mismo día anuncia que volverán a España todos aquellos cuyos delitos hayan prescrito, incluso los de sangre.
Fueron gestos hasta cierto punto bienintencionados pero sin más trayectoria que el propio gesto. Ninguno estaba dispuesto a dar otro paso si no se garantizaba su PMF, lo que dio al traste con cualquier opción de solución negociada.

CONCLUSIONES

La estrategia de negociación de ETA ha cumplido tres funciones que han facilitado la continuidad de la banda terrorista, según Florencio Domínguez, en su libro ‘De la negociación a la tregua. ¿El final de ETA?’: función movilizadora, se ha hecho sentir siempre próxima una posible negociación con el Estado; justificativa, trasladando la responsabilidad al otro y acusándole de que si la violencia continúa no es por su culpa; e instrumental, hace diversos usos de su estrategia de negociación en función de la situación.
El Gobierno representante del Estado de Derecho, ha adoptado por regla general, una actitud prepotente, a sabiendas de que es capaz continuar el conflicto y que se encuentra en la posición ventajosa. También generalizando –y de manera muy explícita durante el Gobierno del PP- su tomas de contacto han tenido, como origen, testear la situación de la banda, lo que reduce enormemente las posibilidades de concretar alguna cuestión. La actitud se demuestra básica si lo que se quiere realmente es negociar.
La ‘zona de acuerdo’ necesaria para obtener rédito de una reunión, por mínima que sea esa zona, debe albergar las actitudes convergentes de ambas delegaciones, y deber ser reflejo de una materialización de las conversaciones. Ni en Zurich ni en Juarros hubo ‘algo similar a un intento de parecerse a una conversación con posibilidades de llegar a una zona de acuerdo’. Las posturas llegaron plenamente preestablecidas, muy consensuadas entre los miembros de la delegación, sin discusión interna y las dos mantuvieron el mismo discurso, en líneas generales, de principio a fin. No existieron propuestas relevantes que transformasen el espectro de la negociación y que lo balanceasen hacia una u otra parte. Tampoco se creó el ambiente propicio para permitir que la conversación prosperase y derivase hacia la propuesta de alternativas. En definitiva, bajo el prisma de un análisis minimamente riguroso, se demuestra que no hubo ‘ni intención ni ganas’ de resolver el conflicto por la vía de la negociación; sólo constataron los reproches mutuos y las posturas divergentes.

Muchas personas se han sentado durante décadas entorno a una mesa para hablar del problema, el conflicto o la cuestión vasca, diferentes nombres que abocan a una misma realidad: más de ochocientos muertos asesinados a manos de ETA desde que inició su actividad armada en 1960. Algunas de estas personas que un día se levantaron de la mesa sin llegar a un acuerdo, cayeron sobre el asfalto por un disparo de sus antiguos interlocutores. Es, sin duda, la mejor forma de dilatar en el tiempo un odio endémico del que resulta cada vez más complicado desprenderse, o peor, porque proyecta una larga sombra sobre el futuro de una vía solucionada.
El camino de la paz en el País Vasco ha estado marcado principalmente por dos factores: los lastres del pasado; la pretensión etarra de reivindicaciones ya caducas y obsoletas (el hecho que explica esta actitud es la creencia por parte de ETA de que el Estado de Derecho democrático que comenzó con la transición no es sino el alargamiento de un Estado post-fascista y opresor) , la reincorporación de posturas finiquitadas, la ejecución de una política antiterrorista ilegal; y la ambigüedad conceptual, confundiendo términos como diálogo por negociación y conversación por diálogo, una confusión que crea inestabilidad en la sociedad y su mal interpretación provoca serios conflictos entre los partidos democráticos; esa es, sin duda, la mayor brecha por donde ETA puede hacer sangrar al Estado de Derecho.